La Generalitat de Catalunya ha iniciado la fase de información pública del anteproyecto de Ley de simplificación de trámites urbanísticos y ambientales, una iniciativa que tiene como objetivo reducir los plazos de tramitación administrativa y facilitar el desarrollo de proyectos empresariales, industriales, de vivienda y de otras actividades económicas.

El proceso legislativo llega después de la fase de consulta pública previa y de la elaboración del texto del anteproyecto. Actualmente, el proyecto se encuentra en período de información pública, una etapa en la que las personas, empresas y entidades interesadas pueden presentar observaciones y alegaciones sobre el contenido de la futura norma.

Una reforma que modifica diez leyes y cinco reglamentos

El alcance de la iniciativa es amplio. El anteproyecto prevé modificar aproximadamente diez normas con rango de ley y cinco reglamentos para introducir cambios en diferentes ámbitos relacionados con la actividad económica y la tramitación administrativa.

Entre las materias afectadas se encuentran el urbanismo y la ordenación territorial, el medio ambiente, las energías renovables, la gestión de residuos, el agua y la normativa forestal, entre otros ámbitos.

Esta revisión conjunta pretende evitar que los proyectos deban afrontar procedimientos fragmentados y distintos marcos normativos que pueden alargar los plazos de tramitación. La reforma busca avanzar hacia procedimientos más coordinados y homogéneos, reduciendo duplicidades y simplificando los requisitos administrativos cuando sea posible.

Agilización de las licencias urbanísticas

Una de las principales medidas previstas afecta a la concesión de licencias de obras. El anteproyecto plantea un sistema que permitirá a los promotores optar por la intervención de entidades colaboradoras habilitadas para verificar el cumplimiento de la normativa urbanística y técnica.

Estas entidades emitirían certificados de conformidad que permitirían simplificar la revisión administrativa de determinados proyectos. El objetivo es que, en los casos que se acojan a este sistema, la licencia pueda tramitarse en un plazo aproximado de un mes.

El modelo no sustituiría necesariamente al procedimiento ordinario, que seguiría disponible, sino que ofrecería una vía alternativa para determinados proyectos. La propuesta pretende, de este modo, reducir los cuellos de botella derivados de la falta de medios técnicos y de los largos tiempos de revisión de los expedientes.

Procedimientos urbanísticos más previsibles

El anteproyecto también contempla cambios en la tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. Entre las medidas previstas se encuentra la posibilidad de incorporar informes técnicos elaborados por profesionales competentes cuando determinados informes administrativos no se emitan dentro de los plazos establecidos.

La propuesta también prevé reforzar el papel de los municipios en determinados procedimientos y simplificar la intervención de diferentes órganos administrativos.

Con estas medidas, la Generalitat pretende reducir los plazos de tramitación de determinados planeamientos urbanísticos, que actualmente pueden prolongarse durante períodos de varios años, hasta situarlos en un horizonte aproximado de entre seis y ocho meses en los casos previstos por la nueva regulación.

Simplificación de las autorizaciones ambientales

La futura normativa plantea sustituir determinados trámites por modelos más estandarizados y normalizados, de manera que la documentación necesaria para valorar cada expediente quede definida desde el inicio. También se prevé eliminar duplicidades entre diferentes procesos de información y simplificar determinados informes y requisitos administrativos.

El objetivo es reducir los plazos de tramitación de determinadas autorizaciones ambientales, especialmente en aquellos procedimientos en los que actualmente la complejidad administrativa puede retrasar la puesta en marcha o la modificación de actividades empresariales.

Un nuevo marco para proyectos estratégicos

La propuesta también actualiza el marco aplicable a los Proyectos Empresariales Estratégicos y a las actuaciones de interés general. La futura regulación ampliaría el ámbito de aplicación de estas figuras y permitiría que determinados proyectos públicos y privados considerados relevantes para el desarrollo económico o territorial puedan beneficiarse de una mayor coordinación administrativa y de una tramitación urbanística más ágil.

La finalidad es facilitar el desarrollo de iniciativas que, por su dimensión, impacto o relevancia estratégica, requieran la intervención coordinada de diferentes administraciones y organismos.

Próximos pasos del anteproyecto

Una vez finalizado el período de información pública y completada la tramitación administrativa correspondiente, está previsto que el anteproyecto pueda ser aprobado por el Consell Executiu en diciembre. Posteriormente, el texto deberá iniciar su tramitación parlamentaria, con la previsión de que la futura ley pueda ser aprobada por el Parlament de Catalunya aproximadamente medio año después.

Para las empresas con proyectos de implantación, ampliación o desarrollo de actividad en Cataluña, la evolución de esta normativa será especialmente relevante. La reforma puede contribuir a reducir los plazos administrativos asociados a determinados proyectos y a ofrecer una mayor previsibilidad en los procesos de autorización urbanística y ambiental.

En conjunto, la iniciativa representa una revisión transversal de diferentes normas y reglamentos con el objetivo de avanzar hacia una administración más ágil y coordinada, manteniendo los requisitos legales, urbanísticos y ambientales aplicables a cada proyecto.